La abogada mexicana Ana Katiria Suárez Castro, exiliada en España tras sufrir amenazas por su labor en defensa de víctimas de violencia machista, ha lanzado una campaña para alertar sobre el auge de la violencia digital de género. Acoso sexual online, suplantación de identidad, campañas de difamación y deepfakes son ...
La abogada mexicana Ana Katiria Suárez Castro, exiliada en España tras sufrir amenazas por su labor en defensa de víctimas de violencia machista, ha lanzado una campaña para alertar sobre el auge de la violencia digital de género. Acoso sexual online, suplantación de identidad, campañas de difamación y deepfakes son algunas de las formas de agresión que denuncia como parte de una estrategia para silenciar a mujeres defensoras de los derechos humanos.
Las formas de violencia más comunes son:
Acoso sexual y amenazas online: mensajes intimidantes, sexualizados o violentos enviados por redes sociales, email o plataformas digitales.
Doxing: publicación no consentida de datos personales como dirección, teléfono, lugar de trabajo, etc.
Difamación digital: difusión de mentiras, bulos o acusaciones falsas para dañar la reputación.
Manipulación de imágenes: desde memes ofensivos hasta deepfakes pornográficos.
Suplantación de identidad: creación de perfiles falsos para desacreditar a la víctima o extorsionarla.
Ciberpersecución: vigilancia, hackeo o seguimiento invasivo a través de medios digitales.
Campañas de desprestigio coordinadas: ataques organizados por trolls, bots o comunidades online.
La Ley Olimpia (2019) fue un avance pionero. Reconoce la violencia digital como una forma de violencia de género, penaliza la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, pero aún es insuficiente frente a campañas coordinadas, amenazas y doxing. Ana Katiria impulsó públicamente esta ley y ha defendido casos enmarcados en ella.
Desde la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual (conocida como "Ley del solo sí es sí") se reconoce la violencia digital en el marco de la violencia contra la mujer. Sin embargo, la aplicación judicial sigue siendo escasa, y muchas víctimas no encuentran vías eficaces de reparación.
Naciones Unidas y Amnistía Internacional han alertado del crecimiento global de este tipo de agresiones, especialmente contra periodistas, activistas y defensoras de derechos humanos. En muchos países, aún no existe legislación específica.