Internet se ha convertido en un espacio de trabajo, interacción y gestión omnipresente para la mayoría de la población europea. Ante este escenario, la Unión Europea centra la mirada en la protección de los derechos de la ciudadanía en el entorno digital. En esta línea, la Comisión Europea aprobó en 2022 la Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales, con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía un marco de referencia para la legislación y las políticas digitales de la Unión.

La UE se congratula de haber sentado las bases de la transformación digital europea y de haber progresado en diversos ámbitos, como la conectividad, la digitalización de las empresas y el despliegue de infraestructuras digitales comunes. Sin embargo, todavía persisten importantes carencias en tecnologías fundamentales, capacidad de computación, ciberseguridad, adopción de tecnologías digitales avanzadas, competencias digitales y capacidad para el crecimiento y la expansión de las empresas.

¿Qué percepción tienen los europeos sobre sus derechos digitales?

A pesar de los avances en materia de derechos digitales que reivindica la Unión Europea, la percepción de estos derechos sigue siendo desigual entre los ciudadanos del continente. Según el último Eurobarómetro de la Comisión Europea, los europeos valoran positivamente la libertad de expresión e información en internet, la libertad de reunión en el entorno digital y el acceso a una educación y formación en competencias digitales. También reciben una valoración favorable el acceso a servicios públicos digitales y la disponibilidad de tecnologías seguras y respetuosas con la privacidad.

Protección y privacidad: las grandes tareas pendientes, según la ciudadanía

No obstante, hay cuestiones que siguen generando una mayor preocupación. Solo el 51 % de los europeos cree que la privacidad de las comunicaciones y de la información almacenada en sus dispositivos está suficientemente protegida. La percepción también es más baja cuando se pregunta por la libertad de elección frente a sistemas de inteligencia artificial o por el acceso a un entorno digital libre de desinformación y contenidos ilícitos.

Estos resultados reflejan que, aunque la Unión Europea ha impulsado una de las regulaciones digitales más avanzadas del mundo, todavía existe margen para reforzar la confianza de la ciudadanía. Normativas como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la Ley de Servicios Digitales (DSA) o la Ley de Inteligencia Artificial buscan precisamente fortalecer estos derechos y adaptarlos a los nuevos retos tecnológicos.